nota informativa
El
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha asegurado hoy en un
comunicado que los saldos de las cuentas corrientes abandonadas se dedicarán a
financiar programas de formación para personas con discapacidad. Del mismo
modo, las dos terceras partes del importe de las herencias a favor del Estado
se añadirá a los fondos de la casilla de la “x solidaria” para fines sociales.
Madrid, 14 de
julio de 2015- Los saldos de las cuentas corrientes consideradas legalmente
como abandonadas se dedicarán a la financiación de programas de formación
dirigidos a personas con discapacidad. Esta medida es posible gracias a una
reforma de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas contemplada en
la Disposición Final Tercera de la Ley de Reutilización de la Información del
Sector Pública.
Hasta ahora los
saldos de las cuentas abandonadas, es decir aquellas en las que sus titulares
no han realizado ningún tipo de gestión durante un plazo de 20 años, se ponía a
disposición del Tesoro Público, sin finalidad concreta. Con la reforma de esta
Ley, tal como indica el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado, “esos
saldos se destinarán a promover la mejora de las condiciones educativas de las
personas con discapacidad”, mediante un sistema de ayudas directas que se
gestionará a través del Real Patronato sobre Discapacidad.
Esta novedad se une a
una modificación del Código Civil, contenida en la recientemente aprobada Ley
15/2015, de 2 de julio, que cambia el régimen de aplicación de las sumas
obtenidas por la liquidación de las denominadas como “herencias abintestato”,
es decir aquellas que recibe el Estado al no existir otros herederos. La
regulación de este tipo de herencia, recogida en el Código Civil y que no se
había modificado desde el siglo XIX, asignaba dos terceras partes de la herencia
a instituciones municipales y provinciales “de beneficencia, instrucción,
acción social o profesionales” del domicilio del fallecido. A partir de ahora,
ese importe se añadirá a los fondos de la asignación tributaria del 0,7% del
IRFP destinados a fines sociales. Lo que, a juicio, del Ministerio, permitirá
“un mejor control del destino de los fondos y un reparto más equitativo basado
en un planteamiento integral de la acción social”.
Estas medidas, según
el Ministerio, se inscriben en el propósito del Gobierno “de impulsar las
políticas sociales destinadas a luchar contra la desigualdad y favorecer la
inclusión social” y cuentan con la valoración positiva de las organizaciones
representativas de los sectores afectados como es el caso del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del que FIAPAS es miembro.
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